No pierda su licencia en un soplo

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Es más grave no presentar la prueba de alcoholemia que acceder a realizarla. Las sanciones son mucho más drásticas para el conductor.

Más de un millón 200 mil pruebas de alcoholemia, 12.650 de ellas positivas, 739 accidentes, 188 muertos y 950 heridos es lo que ha ocurrido durante los primeros seis meses de aplicación de la Ley 1696 que endureció las penas para los conductores ebrios. Una sola y sencilla recomendación bastaría para dar respuesta al titular de este artículo: ‘No consuma alcohol si va a manejar’.

Aunque con la nueva normativa hubo una importante disminución de conductores ebrios detenidos en flagrancia –se pasó de 32.471 pruebas positivas en 2012-2013, a 12.650 en 2013-2014–, hay quienes todavía insisten en tomarse unos tragos y manejar.

Aparte de las fuertes sanciones económicas, se atienen a la inmovilización del vehículo (una de las mayores preocupaciones de los implicados) y la suspensión de la licencia de conducción. A la fecha, según el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), están suspendidas 78.216 licencias y ‘retenidas’, 7.461 licencias.

La tolerancia cero con el alcohol ha puesto a los conductores ebrios contra la pared, y la dureza de la Ley permite poco derecho al ‘pataleo’. “Que fue sólo una cerveza”, “que el alcoholímetro estaba dañado”, son las ‘justificaciones’ que algunos conductores argumentan para evitar la suspensión de su licencia, pero no hay tal.

No valen. Al menos eso dice la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional. A continuación una explicación clara de estos procedimientos.

Los alcohosensores son dispositivos tecnológicos que están programados automáticamente para detectar algún error en su funcionamiento, el cual queda evidenciado en el resultado que arroja de cada prueba realizada, donde se observa el código de error presentado de acuerdo a cada fabricante.

Por ende, en caso de presentarse algún tipo de error, el resultado no arrojará algún tipo de concentración de alcohol que permita establecer el grado de embriaguez, por consiguiente, si esto ocurre, el Policía de Tránsito, debe solicitar nuevamente al conductor la realización de la prueba.

Es de anotar que, antes de utilizar cada alcohosensor, se verifica que el tiempo de calibración esté dentro de los rangos exigidos por el fabricante para evitar errores de tipo técnico. No obstante, la mayoría de errores observados obedecen a que el conductor no sopla el tiempo necesario para que el alcohosensor tome la muestra adecuada de aire espirado por el conductor, lo que obliga imperiosamente a volver a iniciar la prueba.

Actualmente, con el resultado físico de un equipo alcohosensor, no es necesario el traslado del conductor al Instituto Nacional de Medicina Legal, sin que esto sea óbice a que éste se traslade a ‘motu propio’ y en forma voluntaria para la posterior controversia de pruebas.

Si ‘cae’ en un retén, ¿qué pasa con su licencia?

Si el resultado sale positivo, es decir, que la concentración de alcohol es igual o superior a 20 miligramos de etanol por cada 100 mililitros de sangre, se procede a efectuar la “retención preventiva de la licencia de conducción”, se reporta al Runt de manera provisional para toma de decisiones y la inmovilización del vehículo en patios o parqueaderos oficiales. Dicha licencia se coloca a disposición, junto con la orden de comparendo, ante la autoridad de tránsito de la jurisdicción donde se cometió la infracción para que ésta imponga la suspensión de la licencia y defina la entrega del vehículo, de acuerdo a los tiempos de sanción estipulados en la Ley 1696 de 2013.

¿En qué momento queda en firme la suspensión?

Una vez se presente el presunto infractor ante el inspector o autoridad de tránsito con quienes se dejó a disposición la orden de comparendo y la licencia de conducción retenida, se inicia la audiencia pública de acuerdo a lo consagrado en el artículo 136 del Código Nacional de Tránsito, CNT, en la que, mediante resolución motivada se dispondrá como sanción la “suspensión de la licencia de conducción”, de acuerdo con la concentración de alcohol y los tiempos establecidos en la Ley 1696 de 2013”.

Es de aclarar, que los Policías de Tránsito y Transporte como integrantes del cuerpo operativo, no tienen la facultad legal de imponer sanciones, las cuales recaen sobre la autoridad administrativa de tránsito, es decir, inspectores o autoridades de tránsito.

Mejor, hacer la prueba

Si el conductor se niega a realizar la prueba, se le da aplicación al parágrafo 3 del artículo 5 de la Ley 1696 de 2013, donde se instituyó lo siguiente: “Al conductor del vehículo automotor que pese a ser requerido por las autoridades de tránsito, con plenitud de garantías, no permita la realización de las pruebas físicas o clínicas a que se refiere la presente Ley o se dé a la fuga, se le cancelará la licencia, se le impondrá multa correspondiente a mil cuatrocientos cuarenta (1.440) salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv) y procederá la inmovilización del vehículo por veinte (20) días hábiles”.

Según lo anterior, es mucho más gravoso el hecho de no presentar la prueba que acceder a realizarla, en razón a que, como se puede evidenciar de la lectura de la norma anterior, las sanciones son mucho más drásticas para el conductor.

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